Lima,
17 de abril del 2012
LA HOJA DE
RUTA, NUEVE MESES DESPUÉS
Pilar
Arroyo R.P.
Instituto Bartolomé Las Casas
Habiendo transcurrido nueve meses
desde que entró en funciones el nuevo gobierno nos parece pertinente confrontar
lo ofrecido por el Presidente Humala al país durante la segunda vuelta y lo
hecho hasta hoy. Recordemos que los
principios que guiarían su gobierno quedaron plasmados en el documento
“Compromiso en Defensa de la
Democracia y contra la Dictadura”, más conocido como “Hoja de Ruta”.
PRIMER
JURAMENTO: “Juro que no me quedaré ni un minuto
más de los 5 años, que dura el período presidencial en nuestra Patria. Asumo el
compromiso de no hacer ni intentar ningún cambio constitucional que permita la reelección” [1].
Si bien hasta ahora no hay nada que
pueda sugerir que Humala intentará la reelección, no nos parece saludable que
el presidente no zanje claramente con la voceada posibilidad de que su esposa
Nadine Heredia si lo intente. Recordemos que la Constitución no lo prohíbe,
pero la Ley Orgánica
de Elecciones sí. Para lograr cambiarla se tendría que recurrir a una suerte de
arreglo con el Fujimorismo, ya que Perú Posible ha manifestado claramente que
no apoyará esta iniciativa. Es conocido
que el objetivo principal del Fujimorismo es la liberación de su líder preso
por corrupción y violación de derechos humanos. Augusto Alvarez Rodrich señala
al respecto: Ese acuerdo sería conveniente, por supuesto, para el fujimorismo.
No así, en cambio, para el presidente Humala pues, por un lado, un pacto como
ese desvirtuaría totalmente su posicionamiento y base política”[2]
El sociólogo Francisco Durand dice
que Nadine destaca por una “infaltable presencia en reuniones con mandatarios,
su participación en el consejo de ministros, sus misivas a funcionarios y por
emitir mensajes y hacer declaraciones que impactan en la opinión pública”[3] Y Fernando
Rospigliosi dice que “La campaña de Nadine en todo el país, repartiendo
regalos, proponiendo políticas, llevando a ministros como comparsa, campaña que
cuenta con un equipo que le prepara las visitas y otro de comunicaciones, es
clarísima. Si hay gente ingenua que no se da cuenta y otros que pretenden
ocultarlo porque están de acuerdo con una dinastía Humala-Heredia, allá ellos”[4].
SEGUNDO
JURAMENTO: “Juro que respetaré la independencia y
los fueros de los otros poderes del
Estado”.
Nos parece que aquí no está honrando
su palabra. En el caso Conga (heredado del gobierno aprista, cuyo Estudio de
Impacto Ambiental fue aprobado en octubre del 2010) hemos visto como se está
utilizando al Poder Judicial para hostigar a quienes tienen serios
cuestionamientos a este proyecto de la minera Yanacocha y se movilizan en
contra.
Habría que recordarle lo
recientemente afirmado por la
Defensoría del Pueblo “las acciones colectivas de protesta,
aquí como en cualquier democracia, forman parte del lenguaje de la sociedad que
el Estado debe interpretar adecuadamente. En las dictaduras, los conflictos no
se resuelven o transforman, se aplacan”. Para ellos “En el conflicto, cada
quién tiene su verdad y es capaz de llevar su defensa hasta el extremo. Es en
el proceso de diálogo en el que irá apareciendo una verdad más cercana a la
realidad sobre la que será posible construir acuerdos”[5].
TERCER
JURAMENTO: “Juro que la libertad de expresión será respetada, protegida y estimulada. Juro
que la libertad de prensa no solo será respetada y valorada sino será
decididamente defendida”.
Nos parece que aquí el gobierno ha
entendido este juramento sólo como la conservación del “status quo” de los
medios. Sin tener en cuenta que en nuestro país, como lo documentó ampliamente
la edición de diciembre del 2009 de la revista Poder, hay una altísima
concentración en la propiedad de los
medios de comunicación que no permite un adecuado balance entre el derecho de
los propietarios de dichos medios a la libertad de empresa y a su libertad de
expresión, con el derecho de los ciudadanos a una información plural y veraz y
a su propia libertad de expresión.
Efectivamente, “la prensa peruana es
dominada por cuatro grandes grupos. Tres de ellos tienen fuerte presencia en la
prensa escrita: ECO (incluye a El Comercio, Gestión, Trome, Perú 21, Canal N y
América TV), La República
(El Popular, La República,
Líbero y América TV), Epensa (Ajá, El Bocón, Correo), en tanto los dos primeros
tienen importante presencia también en los medios audiovisuales. Una muestra de
la concentración que existe en este sector es que sólo los diarios del grupo
ECO concentran más del 50% del mercado en Lima Metropolitana (…). Los cuatro
principales operadores de prensa pasaron de controlar el 32% del mercado en
2000 al 63% en 2004, mientras que en la televisión abierta pasaron de 82 a 90% en el mismo período”[6].
CUARTO
JURAMENTO “Juro que cumpliré con los cambios ofrecidos
para lograr una distribución más
justa de los recursos económicos del Perú, y para una mayor inclusión económica, social, étnica,
geográfica y cultural de todos los peruanos, especialmente de quienes se
encuentran en pobreza o extrema pobreza”.
A este nivel sí hay avances: se dio
el primer tramo del prometido aumento del salario mínimo vital (pasó de 600 a 675 soles), aunque el
segundo tramo sigue esperando (de 675
a 750 soles). Se hizo realidad Pensión 65 y Cuna Más y
está implementándose Beca 18. También se
han ampliado los beneficiarios del Programa Juntos. Otro importante logro ha
sido que las empresas mineras tributen más, rompiendo el mito que sostenía que
si se les pedía eso se irían del país. No menos importante es la recuperación del las
reservas de gas del Lote 88 para el consumo interno y el inicio de la
construcción del gasoducto Sur Andino (que irá desde Quillabamba, Cusco hasta
Ilo, en Moquegua) que podría posibilitar la construcción de un complejo petroquímico que, al decir de la Revista Caretas “cambiaría la
faz del desarrollo del sur del país”[7].
Igualmente cabe destacar la creación del Ministerio de Inclusión Social y el
mérito de haber puesto en la agenda nacional tan importante objetivo.
Cabe
destacar el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación por la Ministra Patricia
Salas para disminuir las grandes brechas entre la educación que reciben los
niños del campo y los de la ciudad. Ha habido un especial esfuerzo porque en el
inicio de clases 2012 no se repitan las fallas que ponían en seria desventaja a
los alumnos rurales (contrato de
profesores a destiempo, etc.).
Hay
también una mayor preocupación por implementar una educación intercultural.
Recordemos que “La
interculturalidad promueve el establecimiento de una relación respetuosa y
horizontal entre culturas, tratando de amortiguar el etnocentrismo, es decir la
tendencia a interpretar otras culturas a partir de los principios de la cultura
de quien interpreta”[8].
Sin embargo, en el tema de la
propiedad de la tierra no hay avances. Estamos de acuerdo con Henry Pease
cuando se pregunta “¿cómo podemos hablar de inclusión en un país donde el
Estado invierte 20,000 dólares por Ha. en Olmos y lo vende a menos de 5,000 en
términos tales que sólo acceda un gran empresario como el dueño de Gloria?[9]
QUINTO
JURAMENTO: “Juro que los cambios para una distribución
más justa de recursos y para una menor exclusión, se harán respetando siempre
los procesos propios del estado de
derecho, y teniendo siempre presente la importancia de no arriesgar y de
estimular el sostenido crecimiento
económico que vive el país. No hay justicia sin crecimiento y por eso, me
comprometo a mantenerlo”.
Este compromiso ha sido cabalmente
cumplido a la fecha. Como señalamos
en nuestra entrega anterior, la economía peruana sigue gozando de una buena
salud macro económica y las expectativas de crecimiento para el presente año
están alrededor del 6% del Producto Bruto Interno.
SEXTO
JURAMENTO: “Juro que
respetaré los derechos humanos de
todos, y que no permitiré ningún tipo de influencia política en las
investigaciones que sobre la violación de estos derechos estén en curso o se
abran en el futuro”.
Aquí el balance es claro oscuro. En lo
positivo podemos destacar que el Presidente como tal no ha tomado ninguna
iniciativa en contra de los derechos humanos, así como su presencia en
Lucanamarca para entregar las Reparaciones Colectivas.
En lo negativo nos preocupa que haya
tolerado que varios de sus ministros hayan planteado amnistía para sus violadores
(Daniel Mora (ex Ministro de Defensa), Rudencindo Vega (ex Ministro de
Trabajo) o hayan tenido expresiones en contra del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(Oscar Valdez, actual Primer Ministro).
Por otro lado,
la posición gubernamental frente al caso Chavín de Huantar no ha sido, a
opinión de muchos, acertada. En lugar de aclarar lo que está en juego, diversos
representantes del Ejecutivo han abonado a la campaña de desprestigio contra el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recordemos, que lo que se pide es aclarar la responsabilidad sobre tres presuntas ejecuciones extrajudiciales
cometidas luego del operativo militar. Muchos sostienen que esto no es responsabilidad de los heroicos
comandos, sino de una cadena de mando paralela a
la del operativo, vinculada al Servicio de Inteligencia Nacional”[10].
Además,
en estos nueve meses no hemos visto iniciativa alguna que busque avanzar la
causa de los derechos humanos. Por ejemplo, hasta ahora no se accede al pedido
de ampliación del plazo para el registro de víctimas.
Tampoco se ha tenido iniciativa
alguna para derogar los decretos dados por Alan García que han incrementado
grandemente las víctimas fatales en los conflictos sociales. En el informe
anteriormente mencionado de la
Defensoría del Pueblo se señala que “entre enero del 2006 y septiembre del 2011, la Defensoría del Pueblo
registró un total de 540 conflictos sociales, en 109 casos hubo afectaciones a
la vida y a la integridad física de las personas. En el mismo período, el número
total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas
heridas fue 2,312, entre civiles y
policías”[11].
El abogado Wilfredo Ardito, conocido
por su lucha contra la discriminación, nos recuerda que “Siete
personas fallecidas en los primeros ocho meses de gobierno es un saldo muy
elevado considerando que en un tiempo similar durante el régimen de García hubo
tres víctimas mortales y durante todo el gobierno de Toledo hubo quince. Además, muchas personas han quedado heridas,
siendo el caso más grave el de Elmer Campos, un campesino de Celendín que
protestaba contra el proyecto Conga y ha quedado parapléjico. [12]
SÉPTIMO
JURAMENTO: “Juro que la lucha contra todo caso de corrupción que se haya cometido en el
pasado o que pudiera cometerse en mi gobierno, será una prioridad para mi,
comprometiéndome a crear y fortalecer los instrumentos necesarios para ellos”.
Aquí hay una parálisis total,
consecuencia del caso “Chehade”. A pesar que el caso se cerró con su renuncia a
la vice presidencia, a la fecha no hay ninguna iniciativa gubernamental que
busque avanzar en el cumplimiento de esta promesa. Lilia Ramírez nos recuerda
algunas de las importantes medidas ofrecidas: (i) reestructuración y
unificación de las Procuradurías Anticorrupción; (ii) imprescriptibilidad de la
persecución penal para los delitos de corrupción cometidos por los altos
funcionarios; (iii) inhabilitación perpetua para los que cometan actos de
corrupción; (iv) los condenados por corrupción pagarán sus gastos de permanencia
en cárcel, pues se incluirán en la reparación civil. Por otro lado, a pesar de
las reiteradas críticas, el gobierno mantiene como asesor de la Presidencia al abogado
Eduardo Roy Gates, quien, como Lilia Ramírez nos recuerda “defendió penalmente
a algunas conocidas personas acusadas de narcotráfico y lavado de dinero: parte
del clan familiar de los Sánchez Paredes, al señor Cataño y al acusado de
corrupción Rómulo León Alegría”. [13]
Sin
embargo, hay que reconocer que son esperanzadoras las declaraciones del Presidente
con ocasión del 20 aniversario del autogolpe fujimorista del 5 de abril de 1992.
Humala dijo "La ruptura de la democracia llevó a una serie de problemas de
corrupción, de traición a la patria, de impunidad del Estado o de una clase
política que quiso pactar con el dictador en el año 2000. Acá hay enseñanzas
para todos. Esto tiene que quedar en la historia para que no se vuelva
repetir". Y agregó "Desfalcaron al Estado peruano con compras
mediante mecanismos ilegales, con medidas arbitrarias que no eran publicadas
en El Peruano". Por ello falta capturar "a todos estos
delincuentes que apoyaron y fueron parte de esta
mafia que gobernó la década de los 90 y que hoy están con paradero desconocido
o están en la clandestinidad en Lima esperando que prescriban sus delitos o
están en otros países"[14]. Señaló que su gobierno está a favor de que se declare la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para que "estos
delincuentes sean declarados reos contumaces".
OCTAVO
JURAMENTO: “Juro que daré prioridad a una política internacional de buenas
relaciones con todos los países de la región, y que ante cualquier diferencia o
controversia apelaremos solo a las vías de la diplomacia y el derecho
internacional”.
Aquí el balance es positivo. Se han
estrechado vínculos con los países de la región, con la asistencia del
Presidente a las Cumbres Andinas y Sudamericanas, que habían sido la última
prioridad del gobierno anterior. Por otro lado se ha dado continuidad a
políticas de estado implementadas de tiempo atrás, tanto para el caso de
nuestro diferendo marítimo con Chile, como frente a Argentina, a pesar de la
grita de algunos peruanos que más parecían súbditos ingleses.
NOVENO
JURAMENTO: “Juro que será prioridad de mi gobierno
luchar eficazmente contra la inseguridad
ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Lo más destacable a nivel de
terrorismo es la captura del camarada Artemio, que operaba en la zona del Alto
Huallaga (San Martín), lo que significa un importante golpe a esta facción senderista.
Sin embargo, el secuestro de 40
trabajadores en Kepashiato (Echarate, La Convención, Cusco) de las empresas Skanska y Coga que trabajan en el Proyecto Camisea por
parte de la facción senderista del VRAE (Valle del Río Apurímac-Ene) llama la
atención, pues el secuestro se ha llevado a cabo en una zona con fuerte
presencia de militares y policías.
“Gustavo Gorriti, experto en el
tema, señala que “No se trata solo de los problemas de contrainsurgencia en una
zona agreste, donde la economía del narcotráfico se extiende horizontalmente al
lado de una gran pobreza. Ni se trata tampoco solo de los desafíos tácticos que
plantea un enemigo que conoce íntimamente el territorio y que ha mejorado a
través de los años su capacidad de seguir sin ser vistos, de usar
francotiradores en el bosque o cerca de las bases. Se trata también de que este
grupo está apostado sobre el corazón energético del Perú, y que si ha sacado
antes un provecho significativo de esa posición, todo indica que ahora, a
partir de Kepashiato, buscará renovar y acrecentar esa amenazante ventaja”[15].
En cuanto al narcotráfico la
política es errática, lo que se nota en el cambio de Ricardo Soberón por Carmen
Masías en DEVIDA, la institución estatal a cargo de esta tarea. Ello es
preocupante pues la mayoría de analistas en Seguridad coinciden en que hoy la
mayor amenaza a la seguridad del país la constituye el creciente aparato armado
del narcotráfico y que, de no tomarse
las medidas adecuadas frente a esta lacra, a mediano plazo podemos encontrarnos
en un escenario similar al de México o Colombia.
Y
en cuanto a inseguridad ciudadana, a pesar de varias declaraciones
gubernamentales sobre la importancia de tomar medidas al respecto, en los
hechos la prioridad policial parece más bien ser proteger a las grandes
inversiones y que el ciudadano de a pie se las arregle como pueda.
DECIMO
JURAMENTO: “Juro que nos empeñaremos en prevenir
y solucionar los conflictos sociales.
Que nuestro gobierno garantizará las inversiones
y la explotación de recursos naturales , garantizando a la vez el respeto a los
derechos y libertades de los pueblos indígenas y de la poblaciones locales,
junto con los estándares de medio
ambiente que no solo demandan la ley nacional y los convenios
internacionales sino, sobre todo, las generaciones futuras”.
Los principales avances a este nivel
han sido la promulgación de la Ley
de Consulta y la reciente aprobación de su Reglamento y el combate a la minería
ilegal. Esta última decisión ha recibido el respaldo unánime de un importante
sector de la izquierda peruana, quienes manifestaron que “En otras regiones del país, como Madre de
Dios, Puno, La Libertad,
Piura, Ancash e Ica, se ha desarrollado una minería informal y, en varios
lugares minería ilegal, vinculada a mafias que aunque involucra a centenares de
miles de personas, opera sin regulación alguna, contamina el medio ambiente,
afecta la salud de los trabajadores” y pobladores, y genera zonas de
prostitución de menores y semi esclavismo, ante la indolencia del Estado (…)El Gobierno
del Presidente Humala ha colocado el combate a la minería ilegal e informal
como uno de los centros de su agenda política, y esa es una decisión correcta
pues en torno a esa actividad se ha venido acumulando un verdadero desastre
ambiental y social” [16]
Sin embargo, nos parece que, nueve
meses después, lamentablemente el
gobierno se ha comprado el discurso vendido por los que perdieron las
elecciones, que se puede resumir en que, si quiere inclusión social, el dinero
para lograrlo viene de las grandes inversiones para la explotación de nuestros
recursos naturales y por tanto su primera prioridad es protegerlas a raja
tabla, sin distinguir, como señala José de Echave, que “una política ambiental
consistiría en lograr, entre otras cosas, atraer inversión responsable que un
país serio necesita. La otra inversión, aquella que no cumple con los mejores
estándares internacionales, no solo no la necesitamos, sino que afecta las
perspectivas de lograr un crecimiento con sostenibilidad ambiental y social”.
De
Echave nos recuerda que “El Gobierno del presidente Humala se inició con muchos
bríos en materia ambiental” Y destaca su ofrecimiento de ordenar el uso del
territorio, para lograr un manejo sostenible de los recursos y así hacer frente
a la creciente conflictividad social. También su ofrecimiento de
fortalecer el Ministerio del Ambiente
(MINAM), tanto en el tema del agua y de los estudios de impacto ambiental (EIA)[17]. Ana
Leyva recuerda que existía la voluntad del Gobierno, de impulsar la gestión del
territorio con los gobiernos locales y los gobiernos regionales[18].
Ana
Leyva señala que posteriormente “Las
posturas del Gobierno respecto al proyecto minero Conga lo condujeron, en menos
de un año, a nuevas definiciones en sus objetivos, prioridades y alianzas. En
esta nueva etapa, el Gobierno considera que las inversiones privadas en
industrias extractivas son la vía que le permitirá tener los ingresos
económicos necesarios para la aplicación de los programas sociales previstos
(…) la política de ordenamiento territorial deja de ser prioritaria, ya que
ordenarlo puede constituir un problema para el crecimiento de las inversiones.
Asimismo, desde esta perspectiva los gobiernos regionales y los gobiernos
locales, que tienen por encargo de la Constitución Política
y de sus leyes orgánicas la competencia de promover y planificar el desarrollo,
realizar el ordenamiento territorial e intervenir en la planificación y gestión
de los recursos naturales, se convierten en actores incómodos, por lo que
profundizar la descentralización deja también de ser un objetivo”.
El sociólogo Sinesio López señala
que la situación anteriormente descrita se
explica debido a “la correlación social
y política de fuerzas totalmente favorable a la derecha que controla casi todos
los espacios de poder a través de los medios, la CONFIEP [Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas] y los poderosos grupos
económicos. ¿Es posible cambiar esta relación de fuerzas? Mi hipótesis es que
se puede siempre y cuando se articule un frente amplio de movimientos
contestatarios, de frentes y gobiernos regionales y de izquierda unificada.[19]”.
En cambio Eduardo Dargent lo
atribuye a que “El presidente elegido
llega al poder sin un partido que lo ate a su posición reformista de campaña. A
un lado tiene empresarios organizados que ejercen presión para evitar reformas
profundas. Asimismo, lo rodean tecnócratas que, además de saber gestionar el
Estado, le muestran que la estabilidad de su gobierno depende de mantener el
crecimiento económico. Al otro lado del espectro no hay casi nada: ni
sindicatos, ni partidos organizados de izquierda, ni organizaciones sociales
con agenda y organización nacional. El Congreso tampoco "ancla" las
preferencias electorales. No hay partidos políticos fuertes que representen a
estos grupos electorales, sino mucho transfuguismo, fragmentación y
aventureros”[20].
ONCEAVO JURAMENTO: “Juro
que en mi gobierno primarán los principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Nadie será menos en la Patria de todos y nadie
deberá sentir que no tuvo la oportunidad y la protección que su país debió
brindarle”
Aquí
sí hay avances, tanto en el discurso, como en la práctica gubernamental. Se
nota una intención de acabar con el discurso del gobierno anterior (resumido en
los artículos sobre el “perro del hortelano”), donde se distinguía entre
ciudadanos de primera (los inversionistas) y de segunda (especialmente los
amazónicos y andinos). En cuanto a medidas concretas podemos mencionar no sólo
las referidas en el juramento, sino también la decisión de llevar a cabo el
Censo Agropecuario y la especial atención dada a Ica (con ocasión de los
últimos movimientos sísmicos, con la
Sesión descentralizada que hizo el Congreso, incluyéndola en la Pensión 65, etc.).
[1])Todas las citas son
tomadas del documento mencionado líneas arriba. Las negritas son nuestras.
[2] ) “Gana-fuji,
un acuerdo cuchipandero.Otra razón para descartar la candidatura de Nadine” en La
República, 12 de abril del 2012.
[3] ) El Señor de los
Anillos en QueHacer n.185, 2012
pp.12-13.
[4] ) Escondiéndose en el
machismo. En compartidoespacio.blogspot.com, el lunes 2
de abril de 2012.
[5] ) Defensoría del
Pueblo del Perú Violencia en los
conflictos sociales, Informe
Defensorial N° 156 (Lima,
mazo 2012) pp. 13 y 27
[6] ) No hay democracia
sin pluralismo en los medios Otra Mirada,
año 1, abril 2010 n. 8, pp. 2-5 y 3
[7] ) “Por un Tubo: Salto al Futuro” Caretas No. 2226, 4 de abril de 2012.
[8] ) María Cuvi Sánchez
“Interculturalidad y género en los ecosistemas andinos” en Mujer Rural. Cambios
y Persistencias en A.L. (Lima, CEPES,
2011) p. 262 ojo verificar
[9] ) “¿Por qué en el
Perú los Presidentes ganan por la izquierda y gobiernan por la
derecha?” En blog.pucp.edu.pe/item/156540,
10 de abril de 2012.
[10] ) Cf. José Alejandro
Godoy “Aclarando dudas sobre el caso Chavín de Huantar” en desdeeltercerpiso.com,
29 de octubre de 2011.
[11] ) op.cit. pp. 7-8.
[12] ) Los siete muertos del Gobierno de Ollanta Humala, en Reflexiones
Peruanas N° 403, Lima, abril del 2012.
[13]) “El punto 7 del juramento” en Revista Ideele 215. Se puede bajar de http://www.revistaideele.com/content/el-punto-7-del-juramento
[14] ) “El jefe del Estado
recuerda el autogolpe fujimorista del 5 de abril” en El Comercio, 6 de abril de 2012.
[15] ) “Qué Pasó en Kepashiato” Caretas No. 2227, el jueves 12 de abril de 2012.
[16]) Por democracia, justicia social y sostenibilidad
ambiental. Comunicado del 31 de marzo del 2012 de Ciudadanos para el Cambio, Partido Descentralista
Fuerza Social, Tierra y Libertad, Patria
Roja, Partido Socialista y PCP.
[17]) Cf. José de Echave “No estamos Pintados” en Revista Ideele n. 217. Se puede bajar de http://www.revistaideele.com/ideele/content/no-estamos-pintados
[18]) Cf. “Ordenar el territorio: Una voluntad política que se desvanece” en Revista Ideele n. 21. Se puede bajar de http://www.revistaideele.com/ideele/content/ordenar-el-territorio-una-voluntad-pol%C3%ADtica- que-se-desvanece
